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Artículo 155 de la constitución española de 1978
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La crisis constitucional española va en aumento, y ahora -por fin- ha encontrado una atención más amplia, gracias al referéndum del 1 de octubre y a la violencia de la policía española que intenta impedir su celebración. Aún así, reina mucha confusión sobre cómo enfocar la crisis, aparte de la obvia condena de las violaciones de los derechos humanos durante el referéndum y en las semanas previas. Habiendo sido un observador cercano del desarrollo de la crisis durante la última década, he aquí algunos intentos de aclaración.
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El Gobierno de España tuvo que aplicar un mecanismo incluido en el artículo 155 de la Constitución española y que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. Desde 1978 ha habido más de 50 procesos electorales en Cataluña. El resultado fue una sociedad catalana dividida entre un 48% de secesionistas y un 52% de no secesionistas.
Hay que tener en cuenta que Cataluña es una Comunidad Autónoma plenamente reconocida en la Constitución Española que goza de autonomía en educación, sanidad, lengua, cultura y que la convierte en una de las regiones más descentralizadas de Europa que goza de un alto nivel de autogobierno.
Desde entonces, los secesionistas de Cataluña no han dejado de desafiar y desafiar al Estado de Derecho, exacerbando las tensiones entre los españoles que viven en Cataluña y dividiendo a la sociedad para conseguir sus objetivos políticos. Como consecuencia, muchas empresas han abandonado Cataluña, viéndose obligadas a trasladar sus sedes a otras partes de España. Cataluña se ha sumido en una grave inestabilidad política y económica.
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La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los “padres de la Constitución”. Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda (“color de soldadura”) por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].
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El Gobierno central ha anunciado, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de la mañana del 21 de octubre de 2017, que conseguirá que el Senado active el artículo 155 de la Constitución Española y lo desate en Cataluña. Algunos dicen que la medida es demasiado drástica y excesivamente desproporcionada. También vengativa. Otros creen que Cataluña se lo merecía.
Un destacado experto en jurisprudencia dice que el Art. 155 es tan extremo que nunca se ha pensado en su aplicación real. Se incluyó en la Constitución, dice, como una especie de disuasión para los posibles infractores, para que no sigan adelante y atraigan toda la ira constitucional del Estado español.
