Mayor caso de corrupcion en españa

Ejemplos de corrupción en españa

“Una de las mayores fortalezas de esta campaña fue que no se centró en una sola identidad. Se construyó como un dispositivo ciudadano en el que la victoria sería también de los ciudadanos”- Emma Avilés Thurlow

En uno de los casos más sonados de España, un grupo de activistas consiguió enviar a la cárcel por corrupción a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía, ex presidente de Bankia y ex presidente del Gobierno español. Junto a él, otros 64 banqueros y políticos fueron también condenados a distintas penas de prisión.

Las condenas fueron el resultado de una demanda presentada por un colectivo anónimo llamado 15MpaRato contra los directivos de Caja Madrid, la caja de ahorros más antigua de España, que posteriormente se fusionó con otras seis cajas para formar Bankia. La demanda sacó a la luz cómo los banqueros corruptos habían defraudado más de dos mil millones de dólares a trescientos mil pequeños inversores mediante falsificación, manipulación de documentos y publicidad engañosa.

En el transcurso del proceso, conocido popularmente como “Caso Bankia”, salieron a la luz muchas otras pruebas importantes gracias a las herramientas digitales colaborativas creadas por la plataforma activista XNet de 15MpaRato. Las más importantes fueron los más de 8.000 correos electrónicos del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que arrojaron luz sobre varias malas prácticas y evasiones fiscales de banqueros y políticos por valor de más de 15,5 millones de euros. Como resultado, en 2017, el Tribunal Superior de Justicia de España condenó a Rato y a otros 64 ejecutivos junto con miembros de varios partidos políticos a distintas penas de prisión. De forma inédita, todos los inversores pudieron recuperar el dinero que habían perdido en la estafa.

La corrupción en españa 2020

A lo largo del tiempo, la corrupción se ha definido de forma diferente. Por ejemplo, en un contexto simple, mientras se realiza un trabajo para un gobierno o como representante, no es ético aceptar un regalo. Cualquier regalo gratuito podría interpretarse como una estratagema para atraer al receptor hacia algunos prejuicios. En la mayoría de los casos, el regalo se ve como una intención de buscar ciertos favores, como un ascenso laboral, una propina para conseguir un contrato, un puesto de trabajo o la exención de ciertas tareas en el caso de que el trabajador subalterno entregue el regalo a un empleado superior que puede ser clave para conseguir el favor[2].

Algunas formas de corrupción -que ahora se denominan “corrupción institucional”[3]- se distinguen del soborno y de otros tipos de beneficio personal evidente. Un problema similar de corrupción surge en cualquier institución que depende del apoyo financiero de personas que tienen intereses que pueden entrar en conflicto con el objetivo principal de la institución.

La tercera dimensión es el quid pro quo. La corrupción es siempre un intercambio entre dos o más personas/partes en el que las personas/partes poseen bienes económicos, y la otra persona/partes poseen un poder transferido para ser utilizado, según reglas y normas fijas, hacia un bien común. En cuarto lugar, también hay diferentes niveles de percepción social de la corrupción. Heidenheimer divide la corrupción en tres categorías. La primera categoría se denomina corrupción blanca; este nivel de corrupción se ve mayoritariamente con tolerancia e incluso puede ser lícito y legítimo; suele basarse en los lazos familiares y en los sistemas cliente-patrón. El tipo de corrupción que suele darse en los Estados constitucionales o en los Estados en transición hacia una sociedad más democrática se denomina corrupción gris y se considera censurable según las normas morales de la sociedad, pero las personas implicadas siguen careciendo en su mayoría de la sensación de haber hecho algo malo. La tercera categoría, la corrupción negra, es tan grave que viola las normas y leyes de una sociedad. La última dimensión se denomina “política en la sombra”; se trata de una parte del proceso político informal que va más allá de los acuerdos políticos informales legítimos y se convierte en un comportamiento que se oculta a propósito. [5]

Gürtel

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Transparencia Internacional calificó a España entre 2001 y 2012. El valor medio de España durante ese periodo fue de 66,67 puntos con un máximo de 70 puntos en 2001 y un mínimo de 61 puntos en 2009 y (100 es ausencia de corrupción)[3] En 2011 fue calificado como el 30º país menos corrupto del mundo[4] Recientemente la percepción empeoró, a partir del Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el país se sitúa en el puesto 42 de 180 países. [5] Lo que sitúa a España con un índice de corrupción similar al de Chipre o la República Checa[6] Según Politico, 1378 funcionarios fueron procesados por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016[7].

La corrupción del imperio español

Las acusaciones incluyen sobornos, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Implican a un círculo de empresarios liderado por Correa y a políticos del Partido Popular, aunque algunas de las pruebas se refieren a los participantes por iniciales y apodos como “Luis el Cabrón”. Las presuntas actividades ilícitas están relacionadas con la financiación del partido y la adjudicación de contratos por parte de los gobiernos locales/regionales en Valencia,[2] la Comunidad de Madrid y otros lugares.

Las primeras estimaciones sobre las pérdidas de dinero para las finanzas públicas ascendían al menos a 120.000.000 de euros,[3] mientras que algunos de los supuestos sobornos pagados a cambio no eran especialmente cuantiosos (por ejemplo, artículos de ropa de lujo)[4].

Se inició una investigación judicial por parte de Baltasar Garzón, el juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el tribunal que investiga los casos penales más importantes en España, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Garzón hizo detener a cinco sospechosos, entre ellos Correa, en febrero de 2009.

La investigación se alargó por varias razones, entre ellas el número de sospechosos y los retrasos en la recepción de información de los bancos extranjeros. En 2014 el juez Ruz anunció que estaba en condiciones de proceder contra 45 sospechosos, tras dividir el caso en diferentes “épocas”, la primera de ellas relativa a los delitos presuntamente cometidos en el periodo 1999-2005[11]. Sin embargo, Ruz había sido apartado del caso cuando la primera parte llegó a juicio en 2016.