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La legislación sobre el aborto en España tiene una historia fluctuante. Durante la década de 1930, la ley del aborto se liberalizó en la zona controlada por los republicanos, pero esto duró poco, ya que el régimen de Franco, con el apoyo de la Iglesia Católica, volvió a prohibir el aborto. Las leyes se relajaron en 1985, y se liberalizaron aún más en 2010. El aborto sigue siendo una cuestión política controvertida en España, pero las medidas periódicas para restringirlo no han contado con el apoyo de la mayoría[2]. En los últimos años, las tasas de aborto han disminuido, ya que se ha introducido un mejor acceso a la anticoncepción de emergencia[3].
Los opositores al aborto, incluida la Iglesia católica, sostienen que se trata de la eliminación de una vida humana inocente, una práctica intrínsecamente maligna y asesina que degrada el respeto por toda vida y conduce a la sociedad hacia una cultura de la muerte[9] El conservador Partido Popular presentó en junio de 2010 un recurso contra varias disposiciones de la ley ante el Tribunal Constitucional. En el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular incluyó la modificación de la ley del aborto[10][11].
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El aborto a petición está contemplado en la legislación española, pero también lo está el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. La objeción de conciencia es el derecho de una persona a negarse a participar en determinadas actividades por motivos de moral, religión o libertad. Aunque el término se utiliza popularmente en términos militares, el personal médico puede objetar a realizar procedimientos como el aborto o la eutanasia.
En la comunidad autónoma de La Rioja, con una población de más de 300.000 habitantes, la interrupción del embarazo no se puede realizar en ningún centro sanitario público o privado. Esto se debe a la objeción de conciencia de todo el personal médico allí destinado.
En la región catalana de Lleida y la zona de los Pirineos, con una población de más de 400.000 personas, no es posible practicar un aborto clínico por el mismo motivo. Todos los ginecólogos firmaron una objeción de conciencia. Sin embargo, desde la semana pasada, un par de centros han sido autorizados a ofrecer píldoras abortivas, que sólo pueden tomarse hasta la 9ª semana de gestación.
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El Ministerio de Igualdad prepara una reforma estructural de la ley del aborto en España que elimine los “obstáculos” que se observan en la normativa actual. Los primeros indicios de que el cambio estaba en marcha llegaron en julio, cuando la ministra Irene Montero anunció que la futura reforma era “inminente”. El borrador inicial se está elaborando actualmente y debería estar listo en diciembre.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se celebra el martes 28 de septiembre, Montero lanzó una consulta pública, abierta hasta el 12 de octubre, en la que colectivos y organizaciones sociales pueden ofrecer sus aportaciones a la nueva legislación.
Uno de los principales motivos para impulsar la reforma, según explicó el Ministerio, es la “mala práctica” en relación con la objeción de conciencia, algo que, insisten, ha provocado la vulneración del derecho de las mujeres a acudir a los centros sanitarios públicos para abortar. Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), en 2020 el 84,51% de las interrupciones realizadas en España se llevaron a cabo en centros privados y concertados, frente al 15,49% que se realizaron en centros sanitarios públicos.
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Ante la aprobación del Proyecto de Ley de protección de los derechos de las mujeres embarazadas que ha presentado recientemente el gobierno conservador en España, los Verdes Europeos queremos mostrar nuestra oposición al Proyecto de Ley, que supone un retroceso inaceptable en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Además, supone un ataque directo a los derechos y la libertad de las mujeres.
La propuesta de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por el Gobierno conservador del PP es un desprecio a los derechos de las mujeres. Desde una perspectiva fuertemente ultraconservadora y reaccionaria, responde a las presiones y a los deseos de la Conferencia Episcopal Española, y es el mayor retroceso en esta materia de nuestra era democrática.
En la propuesta de Anteproyecto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se traslada a la supervisión de los médicos, a los que al mismo tiempo, se les somete a amenazas penales basadas en criterios morales retrógrados que poco tienen que ver con la ética o los criterios científicos. La base ideológica de este Proyecto de Ley considera a las mujeres como sujetos sin derechos garantizados, y socava su libertad al priorizar la defensa de los supuestos derechos de “los concebidos”.
