Que esta pasando en nicaragua

lo que pasó en nicaragua en 2018

En esta foto de 2018, una bandera nicaragüense se posa sobre una barricada construida con bloques de pavimento de calles en León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua. En todo el país, los ciudadanos construyeron estos muros para detener la creciente represión estatal que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cobró alrededor de 300 vidas. (Fabrice Le Lous)

En esta foto de 2018, una bandera nicaragüense se posa sobre una barricada construida con adoquines en León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua. En todo el país, los ciudadanos construyeron estos muros para detener la creciente represión estatal que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cobró alrededor de 300 vidas. (Fabrice Le Lous)

El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), controla desde hace décadas la Asamblea Nacional, el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Policía Nacional y el ejército. Daniel Ortega Saavedra, presidente del país desde 2007, fue reelegido en 2006 (las elecciones tuvieron lugar en noviembre, Ortega asumió el cargo en enero de 2007), 2011, 2016 y, sin duda, será reelegido en 2021.

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Nicaragua es una república presidencialista, en la que el Presidente de Nicaragua es a la vez jefe de Estado y de Gobierno, y existe un sistema multipartidista. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno.

En 1995, los poderes ejecutivo y legislativo negociaron una reforma de la Constitución sandinista de 1987 que otorgaba nuevos y amplios poderes e independencia a la Asamblea Nacional, incluyendo la posibilidad de que la Asamblea anule un veto presidencial con una mayoría simple de votos y la eliminación de la capacidad del presidente para vetar un proyecto de ley. Los miembros de la Asamblea Nacional unicameral son elegidos para mandatos concurrentes de cinco años.

La Asamblea Nacional se compone de 90 diputados elegidos a partir de listas de partidos a nivel departamental y nacional, más el presidente saliente y el segundo en la carrera presidencial, para un total de 92. En las elecciones de 2011, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 63 escaños (asegurando la mayoría), el Partido Liberal Independiente obtuvo 27 escaños y el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo 2 escaños. Esto incluye los escaños otorgados al vicepresidente saliente, Jaime Morales Carazo, y al segundo candidato presidencial, Fabio Gadea Mantilla.

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Al margen de una reunión internacional en Costa Rica a principios de este año, el Secretario de Estado Antony Blinken intentó avanzar con el ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno cada vez más dictatorial y hostil a Estados Unidos.

¿Estaba ese gobierno dispuesto a reconsiderar sus medidas represivas? ¿Permitiría unas elecciones libres y justas este mismo año? ¿Podría Washington enviar un emisario para hablar? Blinken dio un codazo a su homólogo en un encuentro que duró unos 10 minutos, según un alto funcionario del Departamento de Estado. Pero el ministro de Asuntos Exteriores se mostró poco comprometido, en el mejor de los casos, cuando no se ciñó a temas de conversación sin sentido.

Durante los dos meses siguientes, el presidente nicaragüense Daniel Ortega intensificó drásticamente la represión contra las personas que él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideraban una amenaza para la continuidad de su gobierno de 14 años y más. A mediados de agosto, Ortega y Murillo habían detenido al menos a siete posibles rivales presidenciales y habían impedido que los auténticos partidos de la oposición participaran en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, eliminando así cualquier competencia real. También han detenido o amenazado a decenas de activistas de derechos humanos, empresarios, estudiantes, periodistas y otras personas en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes.

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Desde su llegada al poder en 2007, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha desmantelado casi todos los controles institucionales del poder presidencial. El Consejo Electoral, repleto de sus partidarios, ha prohibido los partidos políticos de la oposición y ha destituido a los legisladores de la oposición. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado las decisiones del Consejo Electoral que socavan los derechos políticos y permiten a Ortega eludir la prohibición constitucional de la reelección y presentarse a un segundo mandato.

Una brutal represión por parte de la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales dejó más de 300 muertos y 2.000 heridos en 2018, y dio lugar a cientos de detenciones y procesamientos arbitrarios. El gobierno de Ortega ha continuado presentando causas penales contra manifestantes y críticos. Continúa la impunidad de los abusos contra los derechos humanos por parte de la policía.

Entre los problemas persistentes están las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política contra los trabajadores del Estado que apoyan a la oposición y las estrictas leyes sobre el aborto que no dejan opciones a las víctimas de violación.