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Desde marzo de 2011, Siria está desgarrada por la violencia. En una ola de protestas que prolongó las revoluciones masivas de la Primavera Árabe en el norte de África, los sirios salieron a la calle para exigir al gobierno de Bashar al-Assad más libertades y protecciones constitucionales. Las protestas fueron reprimidas violentamente y el país se dividió según criterios religiosos y políticos. Un éxodo de refugiados ha inundado los países vecinos mientras la comunidad internacional delibera sobre iniciativas de paz.

Tras la aparente detención de un periodista sirio en Jordania este mes, algunos defensores de la libertad de prensa relacionaron el caso con un deshielo en las relaciones entre Jordania y Siria, sugiriendo que Siria había pedido a Jordania que silenciara las voces de la oposición.

La aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, no fue la única que ayudó a trasladar a los solicitantes de asilo a Bielorrusia. Muchas otras también estaban involucradas, pero rápidamente han cambiado de rumbo bajo la presión de Bruselas.

Una marioneta gigante de una joven refugiada forma parte de “La Marcha”, una iniciativa artística que recorrió 8.000 kilómetros en apoyo de los refugiados. Ahora es una invitada especial en el Open Festival de los Países Bajos.

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Los amigos sirios Anas Kanaan, de 34 años, y Mouein al-Hadi, de 36, fueron informados por traficantes de personas de que podrían llegar fácilmente a Alemania desde Bielorrusia. Sólo tenían que pagar 3.000 euros (3.390 dólares) cada uno a un intermediario en Turquía.

Unos hermanos sirios que habían cruzado a Polonia desde Bielorrusia fueron detenidos por los guardias fronterizos cerca de la ciudad de Siemiatycze el martes, mientras la primera nieve del invierno caía sobre los bosques que rodean la frontera.

El médico sirio Kassam Shahadah se instaló en Polonia como refugiado de guerra hace tres años y ahora es voluntario en su frontera para ayudar a los desesperados migrantes de Oriente Medio que intentan entrar tras una peligrosa caminata a través de un bosque helado.

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A finales de 2019, Ahmad Mahmoud Merhi y su familia huyeron de los ataques aéreos y los bombardeos en el noroeste de Siria, parte de una ofensiva militar del gobierno sirio y sus aliados que desplazó a casi 400.000 personas. La mayoría de los que huyeron buscaron seguridad en los campos de desplazados de la provincia de Idlib, que hoy albergan a más de dos millones de personas, entre ellas muchos niños.

Dos años después, Merhi y sus cinco hijos siguen viviendo en una tienda de campaña, sin las necesidades más básicas, y sin una solución a largo plazo a la vista. “Como, duermo, me ducho, cocino y hago todo en [esta tienda]”, dijo Merhi. “Hemos pasado un infierno durante el verano [debido al calor]. El invierno no será mejor”. Merhi teme tener que soportar otro duro invierno en el campamento.

Durante el invierno, las condiciones de vida, ya de por sí terribles, y el acceso limitado a un refugio adecuado, a los servicios sanitarios básicos, a los alimentos, al agua potable y a la atención sanitaria, se hacen aún más insoportables. Las tiendas de campaña tienen goteras, las calles se convierten en barro y las temperaturas bajo cero afectan gravemente a la salud física y mental de las personas.

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Los ejecutados fueron acusados de “cometer actos terroristas que provocaron muertes y daños a las infraestructuras estatales y a la propiedad pública y privada mediante el uso de material inflamable”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado recogido por los medios estatales el jueves.

“Confesaron haber provocado incendios en varios lugares de las tres provincias y también confesaron haber convocado reuniones para planificar los incendios” que se produjeron de forma intermitente en septiembre y octubre de 2020, según el ministerio de Justicia.

La ciudad natal del presidente Bashar al-Assad, Qardaha, en la provincia de Latakia, se vio muy afectada por los incendios, que dañaron gravemente un edificio utilizado como almacén de la compañía estatal de tabaco, parte del cual se derrumbó.

“Lo que sabemos de los tribunales antiterroristas por los casos que hemos visto en el pasado es que no se ofrece el debido proceso a nadie que sea acusado de un acto de terrorismo: no hay derecho a una defensa ni a un abogado”, dijo Kayyali.

En su último informe sobre la pena de muerte, publicado este año, Amnistía dijo que había podido corroborar información que indicaba que se habían llevado a cabo ejecuciones en Siria en 2020, pero afirmó que no disponía de información suficiente para dar una cifra mínima fiable.