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Tras las elecciones del pasado mes de abril, PSOE y Podemos habían intentado negociar un acuerdo de coalición que les permitiera gobernar si, tras no conseguir la mayoría absoluta entre los 350 diputados en la primera votación de investidura, eran capaces de ganar una siguiente votación de investidura en la que el listón se rebajara a la mayoría simple. Pero las negociaciones se alargaron durante meses y los partidos fueron finalmente incapaces de llegar a un acuerdo sobre las carteras y la política. Podemos quería ser un socio igualitario con el PSOE en un gobierno de coalición, en el que tendría algunos ministerios y en el que el gobierno se comprometería con una agenda política acordada. El PSOE, por su parte, quería gobernar en solitario y que Podemos se limitara a apoyar el programa del PSOE en el Congreso. A principios de septiembre, se hizo evidente que los partidos no podían ni querían llegar a un acuerdo y se convocaron nuevas elecciones para el 10 de noviembre.

Teniendo en cuenta esa historia reciente, quizás fue sorprendente entonces que, menos de 48 horas después de las elecciones de noviembre, Sánchez e Iglesias anunciaran que el PSOE y Podemos habían alcanzado un acuerdo preliminar para formar un gobierno de coalición. El hecho de que fueran capaces de redactar y firmar dicho acuerdo sólo unos días después de las elecciones reflejaba, en gran parte, la aceptación por parte del PSOE de que, si iba a formar un gobierno con Podemos, no sólo tendría que aceptar un conjunto de objetivos programáticos más radicales de lo que podría haber preferido, sino que también tendría que compartir el poder, incluidos los ministerios, con ese partido. Pero una vez resueltas esas cuestiones -el PSOE respaldaría algunos elementos del programa de Podemos, Iglesias sería vicepresidente del Gobierno y Podemos ocuparía varios ministerios-, la negociación se reanudó donde había terminado el verano pasado y a finales de diciembre los partidos anunciaron un acuerdo respecto a las políticas que seguirían si eran votados para gobernar.

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El PSOE fue fundado en 1879, lo que lo convierte en el partido más antiguo actualmente activo en España. El PSOE desempeñó un papel clave durante la Segunda República Española, formando parte del gobierno de coalición de 1931 a 1933 y de 1936 a 1939, cuando la República fue derrotada por Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Históricamente fue un partido marxista, pero abandonó el marxismo en 1979[9]. Al igual que la mayoría de las organizaciones políticas españolas desde mediados de la década de 1980, los expertos consideran que el PSOE adopta una perspectiva positiva hacia la integración europea[10][n. 1].

El PSOE ha tenido históricamente fuertes vínculos con la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato español. Durante un par de décadas, la afiliación a la UGT fue un requisito para la afiliación al PSOE. Desde los años 80, la UGT ha criticado con frecuencia las políticas económicas del PSOE, llegando a convocar varias huelgas generales contra los gobiernos del PSOE el 14 de diciembre de 1988,[11] el 28 de mayo de 1992, el 27 de enero de 1994 y el 29 de septiembre de 2010, todas ellas conjuntamente con Comisiones Obreras, otro sindicato importante. Tanto los sindicatos como la izquierda han criticado a menudo las políticas económicas del PSOE por su carácter económico liberal, han denunciado las políticas de desregulación y generalización del trabajo precario y temporal, los recortes en las prestaciones sociales como el desempleo y la jubilación, así como las privatizaciones de grandes empresas y servicios públicos.

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Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, intentaré decir esto en cuatro minutos porque tengo un colega catalán y un colega vasco que quieren hablar y no quiero que me maten después.

Pero tengo que decirle que después de -no sé- el 15º debate que hemos tenido sobre el futuro de la Unión Europea, estoy un poco frustrado porque cada vez hay un primer ministro, o un presidente, que viene aquí a hacer toda una lista de todas las nuevas políticas europeas que necesitamos tener -políticas sociales, políticas fiscales, políticas de migración, o un ejército europeo- y nunca abordamos la pregunta ¿por qué no se hace hoy? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué siempre hacemos demasiado poco y demasiado tarde en comparación, por ejemplo, con nuestros amigos estadounidenses, que en nueve meses pueden hacer frente a la crisis financiera, mientras que después de nueve años todavía no tenemos una unión bancaria?

(inaudible) después de varios años de una enorme tragedia en el Mediterráneo, quiero felicitarles por la forma en que trataron a los refugiados del Aquarius, pero seamos sinceros: eso fue consecuencia de las inhumanas políticas nacionalistas del Sr. Salvini, que fue la verdadera fuente y razón en ese caso, y de la falta de políticas europeas. ¿Por qué seguimos sin tener una frontera europea en Ceuta? ¿Por qué seguimos sin un acuerdo sobre la reforma de Dublín, por ejemplo, después de tantos años de tragedias en el Mediterráneo? ¿Por qué no tenemos hoy un ejército europeo? ¿Por qué seguimos luchando por la reforma de la eurozona nueve años después del inicio de la crisis financiera? Esa es, para mí, la pregunta clave y espero que en su respuesta dentro de unos minutosʼ profundice en ella. En mi opinión, el problema es que por el momento tenemos malas instituciones en la Unión Europea y las malas instituciones crean malos resultados. Las buenas instituciones crean buenos resultados. El problema -y quiero repetirlo una y otra vez, y seguiré haciéndolo, junto con varios de ustedes- es la regla de la unanimidad que existe en nuestra Unión y especialmente en el Consejo Europeo: ese es el principal problema que hay que resolver.

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PSOE y Unidos Podemos llegaron a las urnas en abril en una campaña de guante blanco tras haber colaborado durante 10 meses en un gobierno socialista. Sánchez se convirtió en presidente en mayo de 2018 gracias a una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy, cuyo partido había sido condenado por corrupción. La coalición liderada por Pablo Iglesias quedó entonces fuera del Gobierno.

De esa colaboración surgieron algunos acuerdos relevantes, como la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el aumento de los permisos de paternidad, y sirvió, en cierta medida, para restañar las heridas tras el intento de acuerdo frustrado para desbancar a los conservadores en 2016.

El entendimiento se plasmó en la firma de unos Presupuestos Generales del Estado que PSOE y Unidos Podemos califican como “los de mayor enfoque social de la historia.” Sin embargo, el rechazo de las fuerzas independentistas catalanas a las cuentas públicas llevó a unas elecciones anticipadas. La situación en Cataluña era, y sigue siendo en estos momentos, problemática: antes en pleno juicio por el proceso independentista y ahora a la espera de la sentencia con la que sus líderes se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel entre rejas.