Juicio de la gurtel

corrupción policial en españa

Las acusaciones incluyen sobornos, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Implican a un círculo de empresarios dirigido por Correa y a políticos del Partido Popular, aunque algunas de las pruebas se refieren a los participantes por iniciales y apodos como “Luis el Cabrón”. Las presuntas actividades ilícitas están relacionadas con la financiación del partido y la adjudicación de contratos por parte de los gobiernos locales/regionales en Valencia,[2] la Comunidad de Madrid y otros lugares.

Las primeras estimaciones sobre las pérdidas de dinero para las finanzas públicas ascendían al menos a 120.000.000 de euros,[3] mientras que algunos de los supuestos sobornos pagados a cambio no eran especialmente cuantiosos (por ejemplo, artículos de ropa de lujo)[4].

Se inició una investigación judicial por parte de Baltasar Garzón, el juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el tribunal que investiga los casos penales más importantes en España, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Garzón hizo detener a cinco sospechosos, entre ellos Correa, en febrero de 2009.

La investigación se alargó por varias razones, entre ellas el número de sospechosos y los retrasos en la recepción de información de los bancos extranjeros. En 2014 el juez Ruz anunció que estaba en condiciones de proceder contra 45 sospechosos, tras dividir el caso en diferentes “épocas”, la primera de ellas relativa a los delitos presuntamente cometidos en el periodo 1999-2005[11]. Sin embargo, Ruz había sido apartado del caso cuando la primera parte llegó a juicio en 2016.

polémicas en españa

Las acusaciones incluyen soborno, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Implican a un círculo de empresarios liderado por Correa y a políticos del Partido Popular, aunque algunas de las pruebas se refieren a los participantes por iniciales y apodos como “Luis el Cabrón”. Las presuntas actividades ilícitas están relacionadas con la financiación del partido y la adjudicación de contratos por parte de los gobiernos locales/regionales en Valencia,[2] la Comunidad de Madrid y otros lugares.

Las primeras estimaciones sobre las pérdidas de dinero para las finanzas públicas ascendían al menos a 120.000.000 de euros,[3] mientras que algunos de los supuestos sobornos pagados a cambio no eran especialmente cuantiosos (por ejemplo, artículos de ropa de lujo)[4].

Se inició una investigación judicial por parte de Baltasar Garzón, el juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el tribunal que investiga los casos penales más importantes en España, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Garzón hizo detener a cinco sospechosos, entre ellos Correa, en febrero de 2009.

La investigación se alargó por varias razones, entre ellas el número de sospechosos y los retrasos en la recepción de información de los bancos extranjeros. En 2014 el juez Ruz anunció que estaba en condiciones de proceder contra 45 sospechosos, tras dividir el caso en diferentes “épocas”, la primera de ellas relativa a los delitos presuntamente cometidos en el periodo 1999-2005[11]. Sin embargo, Ruz había sido apartado del caso cuando la primera parte llegó a juicio en 2016.

gürtel

Un juicio que estará marcado por las confesiones de más de la mitad de los acusados, que han reconocido su papel en esta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública en busca de futuros atenuantes y rebajas en sus condenas.

Desde el considerado líder de la red, Francisco Correa, o su segundo y ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; hasta el ex alcalde del municipio Arturo González Panero, el de Albondiguilla, y varios empresarios han reconocido el relato de la fiscalía, que, sin embargo, no anunciará eventuales descuentos en sus peticiones hasta que hayan declarado, según señalaron fuentes fiscales a .

El PP aparece de nuevo como responsable civil a título lucrativo de 204.198 euros de supuestos beneficios de la red. Según el juez instructor del caso, el PP se habría beneficiado de algunas operaciones “al conseguir que las empresas de la organización pagaran los gastos de los distintos actos políticos organizados por y para el partido.”

corrupción en andalucía

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