Porcentaje de funcionarios en españa

Miles de catalanes protestan por el aumento de la decisión judicial

La estadística muestra la percepción del nivel de confianza en los funcionarios en España entre 2005 y 2019. El año 2005 fue el de menor nivel de confianza en los jueces con 3,7 puntos sobre 10, mientras que en cambio en 2019 la cifra alcanza los 5,5 puntos.

Fundación BBVA. «Nivel de confianza en los funcionarios en España entre 2005 y 2019». Gráfico. 30 de septiembre de 2019. Statista. Consultado el 11 de enero de 2022. https://www.statista.com/statistics/1061657/opinion-on-trusting-public-officials-in-spain/

Fundación BBVA, Nivel de confianza en los funcionarios públicos en España entre 2005 y 2019 Statista, https://www.statista.com/statistics/1061657/opinion-on-trusting-public-officials-in-spain/ (última visita el 11 de enero de 2022)

La austeridad muerde más fuerte en españa

El porcentaje de trabajadores de la Administración en España es uno de los más altos de Europa y está arraigado en la historia española, ya que los gobiernos del pasado fueron famosos por multiplicar sus organismos y oficinas a un ritmo a menudo sorprendente. Y es bien sabido que, una vez creados, no suelen desaparecer.

El periodista británico John Hooper ofrece interesantes perspectivas sobre el funcionario español en su libro Los nuevos españoles, segunda edición. Su experiencia y conocimiento de este país hacen de su libro una «lectura obligada» para todos los que quieran entender mejor la España contemporánea.

Los trabajadores públicos son contratados a través de un proceso de exámenes oficiales del Estado conocidos como «oposiciones» y no es difícil encontrar españoles de cierta edad -principalmente entre 20 y 30 años- que se preparan para estos exámenes. A menudo siguen viviendo en casa hasta que consiguen finalmente esa ansiada plaza pública.

Las razones más citadas para buscar un trabajo en la Administración son la seguridad laboral y las jornadas cortas. Y, en un país con un alto nivel de desempleo, falta de seguridad laboral y un sector privado que tiene dificultades para obtener beneficios (gracias a los elevados impuestos que -entre otras cosas- se destinan a pagar a los trabajadores públicos), no es de extrañar que todos quieran trabajar para el Estado.

El nuevo mundo | historia colonial de los estados unidos de américa

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La administración pública es un término colectivo que designa a un sector de la administración pública compuesto principalmente por funcionarios de carrera contratados por méritos profesionales y no por nombramiento o elección, cuya permanencia institucional suele sobrevivir a las transiciones de liderazgo político. Un funcionario, también conocido como servidor público, es una persona empleada en el sector público por un departamento u organismo gubernamental para empresas del sector público. Los funcionarios trabajan para los gobiernos centrales y estatales, y responden ante el gobierno, no ante un partido político[1][2].

El alcance de los funcionarios de un Estado como parte de la «administración pública» varía de un país a otro. En el Reino Unido (UK), por ejemplo, sólo los empleados de la Corona (gobierno nacional) se denominan «funcionarios», mientras que los empleados de las autoridades locales (condados, ciudades y administraciones similares) suelen denominarse «funcionarios de la administración local», que se consideran empleados públicos pero no funcionarios. Así, en el Reino Unido, un funcionario es un servidor público, pero un funcionario público no es necesariamente un servidor público.

Conversaciones con la historia: stephen d. krasner

El sector público español se vio enfrentado a esta cuestión recientemente. Ocupa el tercer lugar entre los países de la OCDE con el mayor porcentaje de funcionarios de las administraciones públicas nacionales de 55 años o más. Entre 2010 y 2015 este porcentaje aumentó del 25% al 35%, una tendencia que parece mantenerse (OCDE (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, París.

De hecho, la edad media de los funcionarios de la administración pública española (sin contar las fuerzas armadas y de seguridad) pasó de 46 años en 2004 a 52 a principios de 2019. Esto supone casi una década por encima de la edad media de la población activa española (42,5 años). Esto significa que alrededor del 51% de los funcionarios de ámbito nacional se jubilarán en la próxima década.

Junto a una inminente ola de jubilaciones, la administración pública española se enfrenta al reto europeo de la transformación digital y a la necesidad de atraer talento joven. Sin embargo, la jubilación masiva también representa una oportunidad. Los procesos de selección de funcionarios pueden ser revisados y adaptados a las necesidades futuras.