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Pensión mínima en españa
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El régimen de pensiones estatal forma parte del sistema de la Seguridad Social en España. En España existen dos categorías de pensiones: contributivas y no contributivas. El sistema de pensiones se financia mediante un impuesto sobre las nóminas. El trabajador paga el 4,7% de su salario, mientras que los empresarios deben aportar el equivalente al 23,6% del salario del trabajador[1].
Las pensiones no contributivas sujetas a la comprobación de los recursos económicos[2] se dirigen a los hogares con bajos ingresos y a los discapacitados. Los beneficiarios no deben haber estado afiliados a la Seguridad Social durante su vida laboral. En el año 2000, los beneficiarios de pensiones no contributivas fueron 471.275 pesetas.
En 2010, para tener derecho a la pensión, el beneficiario no puede tener unos ingresos mensuales o anuales iguales o superiores a la pensión no contributiva de 339,70 euros al mes (4.755 euros al año). Los ingresos de las personas que conviven con el solicitante se tienen en cuenta a la hora de decidir el derecho a la pensión[3].
En 2012 la pensión se elevó a 357,70 euros al mes. Si la pensión fue reclamada directamente por la persona, se añaden 2 meses adicionales de pensión a lo largo del año para que sean un total de 14 meses al año de pensión. Si la persona discapacitada fue reclamada por un padre o tutor, entonces sólo hay 12 meses de pensión al año. En ambos casos, la cuantía es la misma, pero el total del año es mucho mayor si lo solicita la persona discapacitada que si lo hace el padre o el tutor.
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A través de las cotizaciones a la Seguridad Social, el Estado garantiza la debida protección en las circunstancias y situaciones definidas por la ley a las personas que reúnen los requisitos, en virtud del ejercicio de una actividad profesional, y a los familiares o personas a su cargo.
En el marco de la seguridad social, las prestaciones económicas, en gran parte contributivas, constituyen un derecho monetario que, una vez concedido cuando se cumplen determinadas condiciones, se otorga al beneficiario en las situaciones o contingencias protegidas previstas por la ley.
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El cálculo de la cuantía de este tipo de pensión se basa en la jubilación ordinaria del pensionista y se reduce proporcionalmente a la jornada laboral. Antes de empezar a trabajar a tiempo parcial, debe informar a la institución que gestiona sus pagos como pensionista (INSS) sobre sus nuevas circunstancias. La nueva cuantía de su pensión se aplica a partir del día en que comienza a trabajar a tiempo parcial. El importe original se restablecerá, una vez recalculado, cuando finalice su contrato a tiempo parcial.
Puede solicitar una pensión de jubilación ordinaria, parcial o flexible en los centros de atención e información de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que confirmarán su derecho a la pensión de jubilación. Una vez presentada la solicitud, debería recibir una respuesta sobre la concesión de la pensión en un plazo máximo de 90 días.DesenmascaradoresDocumentos que necesitaráConozca sus derechosEstos enlaces le ayudarán a conocer sus derechos en España. No son enlaces de la Comisión Europea y no representan la opinión de la Comisión:
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La pensión de jubilación es la prestación económica que se concede a quienes, al cumplir la edad establecida, cesan o han cesado total o parcialmente en la actividad por la que estaban incluidos en el sistema de la Seguridad Social y acreditan el periodo de cotización fijado. Existen varios tipos de jubilación:
Si el jubilado ha trabajado en más de un Estado miembro de la UE o de países firmantes de acuerdos con la Unión Europea, para cumplir con el requisito del periodo mínimo de cotización, se suman todos los periodos de cotización a la pensión de jubilación. Si ya tiene derecho a la jubilación y la solicita, el pago puede realizarse en el país de origen o en España, e incluso fuera de la UE en los países con acuerdos firmados. Cada entidad aseguradora pagará en función del tiempo que haya estado de alta en la Seguridad Social en cada una de ellas. Esta norma también es aplicable al pago de las pensiones a los supervivientes.
La institución competente de cada Estado en el que el jubilado haya trabajado debe realizar un doble cálculo. En primer lugar, calculará la pensión según la legislación interna como si el jubilado sólo hubiera trabajado en ese Estado. A continuación, realizará el cálculo sumando los periodos de seguro/residencia transcurridos en ese u otros Estados a lo largo de toda la vida laboral de la persona. El individuo tiene derecho a recibir la mayor de las dos sumas.
