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Según la legislación laboral española, la relación laboral puede extinguirse por: dimisión/cese del trabajador, expiración de un contrato de duración determinada, despido objetivo/económico iniciado por el empresario, o una acción de despido disciplinario.
La extinción por dimisión y por expiración del contrato de duración determinada son términos sencillos y no plantean cuestiones complejas en el Derecho Laboral español. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso de una extinción por “expiración de un contrato de duración determinada”, el empresario está obligado a abonar una indemnización equivalente a 12 días por año de servicio.
El despido objetivo es la extinción basada en alguna de las causas objetivas como, por ejemplo, razones económicas, técnicas, productivas u organizativas. La jurisprudencia ha determinado que las razones organizativas pueden ser, entre otras, la reorganización interna o los reajustes de los departamentos, el cierre de sucursales debido a cambios en la demanda y a la pérdida de contratos importantes, el reajuste de las empresas tras una fusión, la centralización de los departamentos de la empresa en detrimento de sus sucursales regionales, los cambios sustanciales en la dirección, etc. Además, motivos como la incompetencia del empleado o la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas en el lugar de trabajo también se han considerado motivos válidos para un despido objetivo.
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Además de las fuentes del derecho establecidas en el artículo 1.1 del Código Civil español (la ley, la costumbre y los principios generales del derecho), el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores español (“ET”) regula lo siguiente:
Según el artículo 8.1 del ET, los contratos podrán celebrarse tanto por escrito como verbalmente, siempre que una de las partes no solicite lo contrario. No obstante, según el artículo 8.2, los contratos de trabajo deben celebrarse por escrito en determinados casos (por ejemplo, los contratos de trabajadores contratados en España para trabajar en empresas españolas en el extranjero por un periodo de tiempo superior a cuatro semanas, los contratos a tiempo parcial, los contratos fijos-discontinuos o los contratos de relevo, entre otros). Si no se cumple este requisito, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario.
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España está formada por 17 regiones o “comunidades autónomas”. Aunque algunas competencias están descentralizadas en las regiones, la legislación laboral es principalmente de ámbito nacional, aunque existen diferencias regionales en áreas como los días festivos y algunas prestaciones de la seguridad social.
El elemento más importante de la legislación laboral es el Estatuto de los Trabajadores, que regula muchos aspectos de las relaciones laborales individuales y colectivas. Otras leyes, decretos ley y decretos se ocupan de una serie de cuestiones relacionadas, como la salud y la seguridad, los sindicatos, las huelgas, los tipos especiales de contrato/relación laboral, la seguridad social, la formación y el trabajo temporal. El Estatuto de los Trabajadores no se aplica a determinadas categorías de trabajadores, que se rigen por una legislación específica: además de grupos como el personal doméstico, los deportistas profesionales, los actores y determinados médicos y abogados, se incluyen los altos cargos.
El Estatuto de los Trabajadores y los demás estatutos relacionados con el empleo se recogen, por comodidad administrativa, en un único Código Laboral y de la Seguridad Social. Fuera del ámbito de este Código, la legislación en áreas como la igualdad/no discriminación y la protección de datos/privacidad también son relevantes para la relación laboral. La jurisprudencia, especialmente la del Tribunal Supremo, desempeña un papel importante en la interpretación de la legislación relacionada con el empleo.
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El contrato de trabajo es un acuerdo que vincula a empresas y trabajadores. Puede ser indefinido o tener un límite de tiempo. Existen cuatro tipos de contrato en el Estatuto de los Trabajadores: indefinido, temporal, de formación y de prácticas, cada uno con sus propias características y peculiaridades.
Los trabajadores inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social están obligados a cotizar al Sistema de la Seguridad Social y sus empleadores son responsables de retener el porcentaje de los ingresos del trabajo que el empleado debe aportar.
Los incentivos gubernamentales a la contratación consisten principalmente en reducciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social. El objetivo es fomentar nuevas contrataciones permanentes o indefinidas que puedan suponer un importante ahorro para el empresario.
El salario mínimo lo establece el gobierno cada año para los mayores de 18 años y asciende a 965 euros al mes o 13.510 al año (incluyendo 12 mensualidades y 2 pagas extras) para 2021. Los costes salariales en España son muy competitivos en comparación con los de los países vecinos. Muchos salarios están cubiertos por convenios colectivos.
