Gobiernos de españa en democracia

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El Gobierno está formado por el Presidente del Gobierno y los Ministros; el Presidente del Gobierno tiene la dirección general de los Ministros y puede nombrar o cesar sus nombramientos libremente y todos ellos pertenecen al órgano supremo de decisión, conocido como Consejo de Ministros. El Gobierno es responsable ante el Parlamento (Cortes Generales), y más concretamente ante el Congreso de los Diputados, órgano que elige al Presidente del Gobierno o lo destituye mediante una moción de censura. Y es que España es un sistema parlamentario establecido por la Constitución de 1978.

Su regulación fundamental se encuentra en el Título IV de la Constitución, así como en el Título V de la misma, en cuanto a su relación con las Cortes Generales, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Según el artículo 97 de la Constitución y el artículo 1.1 de la Ley del Gobierno, “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

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Según los estudiosos, el proceso de democratización se inició tras la muerte del dictador Francisco Franco, en noviembre de 1975[1] Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta en que se completó la transición:[2] algunos dicen que terminó tras las elecciones generales de 1977, mientras que otros lo sitúan más tarde, cuando se aprobó la Constitución de 1978. Otros sugieren que terminó con el fracaso del intento de golpe de Estado de 1981. A más tardar, se dice que la Transición terminó con el primer traspaso pacífico del poder ejecutivo, tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales de 1982.

Aunque a menudo se cita como paradigma de transición pacífica y negociada, la violencia política durante la transición española fue mucho más frecuente que durante los procesos de democratización análogos en Grecia o Portugal, con la aparición de grupos terroristas separatistas, revolucionarios, fascistas y justicieros[3].

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La situación política actual deriva de la Transición española, un periodo histórico en el que se inician una serie de reformas sociales y políticas que culminan con la proclamación de la Constitución de 1978, momento que supone el cambio de un régimen dictatorial a la democracia. Esta Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho en el que se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.

En la década de los ochenta se produce un hito que influye profundamente en el desarrollo político y social posterior: España entró en la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. El proceso de integración culminó el 12 de junio de 1985, con la firma del Tratado de Adhesión, que entró en vigor el 1 de enero de 1986.

La organización de la administración y el gobierno a nivel central y regional de España constituyen un estado descentralizado que dio lugar, en 1980, a un proceso de transferencia de competencias educativas de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas. Este proceso finalizó en el año 2000.

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El Gobierno está formado por el Presidente del Gobierno y los Ministros; el Presidente del Gobierno tiene la dirección general de los Ministros y puede nombrar o cesar sus nombramientos libremente y todos ellos pertenecen al órgano supremo de decisión, conocido como Consejo de Ministros. El Gobierno es responsable ante el Parlamento (Cortes Generales), y más concretamente ante el Congreso de los Diputados, órgano que elige al Presidente del Gobierno o lo destituye mediante una moción de censura. Y es que España es un sistema parlamentario establecido por la Constitución de 1978.

Su regulación fundamental se encuentra en el Título IV de la Constitución, así como en el Título V de la misma, en cuanto a su relación con las Cortes Generales, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Según el artículo 97 de la Constitución y el artículo 1.1 de la Ley del Gobierno, “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.