En españa es legal el aborto

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El aborto a petición está contemplado en la legislación española, pero también lo está el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. La objeción de conciencia es el derecho de una persona a negarse a participar en determinadas actividades por motivos de moral, religión o libertad. Aunque el término se utiliza popularmente en términos militares, el personal médico puede objetar a realizar procedimientos como el aborto o la eutanasia.

En la comunidad autónoma de La Rioja, con una población de más de 300.000 habitantes, la interrupción del embarazo no se puede realizar en ningún centro sanitario público o privado. Esto se debe a la objeción de conciencia de todo el personal médico allí destinado.

En la región catalana de Lleida y la zona de los Pirineos, con una población de más de 400.000 personas, no es posible practicar un aborto clínico por el mismo motivo. Todos los ginecólogos firmaron una objeción de conciencia. Sin embargo, desde la semana pasada, un par de centros han sido autorizados a ofrecer píldoras abortivas, que sólo pueden tomarse hasta la 9ª semana de gestación.

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Ante la aprobación del Proyecto de Ley de protección de los derechos de las mujeres embarazadas que ha presentado recientemente el gobierno conservador en España, los Verdes Europeos queremos mostrar nuestra oposición al Proyecto de Ley, que supone un retroceso inaceptable en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Además, supone un ataque directo a los derechos y la libertad de las mujeres.

La propuesta de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por el Gobierno conservador del PP es un desprecio a los derechos de las mujeres. Desde una perspectiva fuertemente ultraconservadora y reaccionaria, responde a las presiones y a los deseos de la Conferencia Episcopal Española, y es el mayor retroceso en esta materia de nuestra era democrática.

En la propuesta de Anteproyecto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se traslada a la supervisión de los médicos, a los que al mismo tiempo, se somete a amenazas penales basadas en criterios morales retrógrados que poco tienen que ver con la ética o los criterios científicos. La base ideológica de este Proyecto de Ley considera a las mujeres como sujetos sin derechos garantizados, y socava su libertad al priorizar la defensa de los supuestos derechos de “los concebidos”.

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Esta libertad refuerza el reconocimiento de un derecho básico y fundamental como es el de tener o no tener hijos. Nuestra norma actual combina un periodo de libre voluntad de la gestante con unos supuestos concretos; de tal forma que la mujer puede interrumpir libremente su gestación hasta la semana 14 y por patología fetal o materna (física o psíquica) hasta la semana 22.

Además, la legislación actual en España contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) “cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y confirmada por un comité clínico”.

La nueva ley también prevé la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto en el momento del diagnóstico y sea confirmada por un comité clínico.

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El proyecto de ley, que se espera que llegue al Parlamento español antes de que finalice el año, criminalizaría el acoso a las mujeres fuera de las clínicas privadas de aborto, en las que los infractores serían encarcelados hasta un año o se enfrentarían a trabajos comunitarios. El gobierno de coalición, compuesto por los socialistas y el partido de extrema izquierda Unidos Podemos, también quiere crear un registro de médicos que, por razones de conciencia, se oponen a realizar interrupciones del embarazo.