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El problema de las pensiones en españa
visualpolitik simon
El régimen estatal de pensiones forma parte del sistema de la Seguridad Social en España. Existen dos categorías de pensiones en España: las contributivas y las no contributivas. El sistema de pensiones se financia mediante un impuesto sobre las nóminas. El trabajador paga el 4,7% de su salario, mientras que los empresarios deben aportar el equivalente al 23,6% del salario del trabajador[1].
Las pensiones no contributivas sujetas a la comprobación de los recursos económicos[2] se dirigen a los hogares con bajos ingresos y a los discapacitados. Los beneficiarios no deben haber estado afiliados a la Seguridad Social durante su vida laboral. En el año 2000, los beneficiarios de pensiones no contributivas fueron 471.275 pesetas.
En 2010, para tener derecho a la pensión, el beneficiario no puede tener unos ingresos mensuales o anuales iguales o superiores a la pensión no contributiva de 339,70 euros al mes (4.755 euros al año). Los ingresos de las personas que conviven con el solicitante se tienen en cuenta a la hora de decidir el derecho a la pensión[3].
En 2012 la pensión se elevó a 357,70 euros al mes. Si la pensión fue reclamada directamente por la persona, se añaden 2 meses adicionales de pensión a lo largo del año para que sean un total de 14 meses al año de pensión. Si la persona discapacitada fue reclamada por un padre o tutor, entonces sólo hay 12 meses de pensión al año. En ambos casos, la cuantía es la misma, pero el total del año es mucho mayor si lo solicita la persona discapacitada que si lo hace el padre o el tutor.
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Según la Oficina Nacional de Estadística, de ellos el 61% están jubilados, el 25% reciben una pensión de viudedad, el 10% una pensión de invalidez y el 4% una pensión de orfandad. Así que hay más de 5.185.000 jubilados en España. ¿Pueden seguir trabajando y recibir dinero de su plan de pensiones? La respuesta es sí para las siguientes modalidades de pensión:
Flexible: Está pensada para los pensionistas que se han jubilado por completo pero que quieren volver a la vida activa. Es decir, se reincorporan plenamente al mercado laboral, volviendo a una situación laboral que habían abandonado. Se firma un nuevo contrato de trabajo, que puede ser a tiempo completo o parcial. Es importante recordar que la persona que contrata a alguien que opta por la jubilación flexible no puede ser el mismo empleador que tenía antes de la jubilación.
Activa: En el caso del pensionista activo -alguien que se jubila a la edad ordinaria y con cotizaciones suficientes para obtener una pensión completa- es posible trabajar a tiempo completo o parcial y recibir hasta el 50% de la pensión mientras dure el contrato (una vez que éste finalice recibirá la pensión completa).
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Al igual que Alemania, España tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo. El cambio demográfico, combinado con el aumento de la esperanza de vida y un desempleo estructural muy elevado (especialmente entre los jóvenes), hace que cada vez menos jóvenes tengan que financiar las pensiones de cada vez más personas mayores. Al mismo tiempo, el sistema público de pensiones está muy endeudado. El fondo de reserva de la Seguridad Social, conocido en España como la “hucha” de las pensiones, apenas ha acumulado fondos; un tercio del gasto público del país se destina ya al pago de las pensiones (la mayor partida presupuestaria).
Por ello, la cooperación en materia de investigación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad con los think tanks españoles Civismo e Instituto Juan de Marina no podía llegar en mejor momento. El estudio, titulado “La reforma de las pensiones ahora”, ha desarrollado una serie de propuestas de reforma sostenible para adecuar el sistema de pensiones español al futuro antes de que sea demasiado tarde. Es inevitable una mayor flexibilidad y una mayor provisión de pensiones privadas. Un sistema de pensiones moderno debe permitir una jubilación adaptada a la vida laboral moderna. Todas las personas deben ser libres de decidir si quieren trabajar en la vejez y en qué medida, de acuerdo con su planificación vital individual.
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El régimen de pensiones del Estado forma parte del sistema de la Seguridad Social en España. Existen dos categorías de pensiones en España: las contributivas y las no contributivas. El sistema de pensiones se financia mediante un impuesto sobre las nóminas. El trabajador paga el 4,7% de su salario, mientras que los empresarios deben aportar el equivalente al 23,6% del salario del trabajador[1].
Las pensiones no contributivas sujetas a la comprobación de los recursos económicos[2] se dirigen a los hogares con bajos ingresos y a los discapacitados. Los beneficiarios no deben haber estado afiliados a la Seguridad Social durante su vida laboral. En el año 2000, los beneficiarios de pensiones no contributivas fueron 471.275 pesetas.
En 2010, para tener derecho a la pensión, el beneficiario no puede tener unos ingresos mensuales o anuales iguales o superiores a la pensión no contributiva de 339,70 euros al mes (4.755 euros al año). Los ingresos de las personas que conviven con el solicitante se tienen en cuenta a la hora de decidir el derecho a la pensión[3].
En 2012 la pensión se elevó a 357,70 euros al mes. Si la pensión fue solicitada directamente por la persona, se añaden 2 meses adicionales de pensión a lo largo del año para que sean un total de 14 meses al año de pensión. Si la persona discapacitada fue reclamada por un padre o tutor, entonces sólo hay 12 meses de pensión al año. En ambos casos, la cuantía es la misma, pero el total del año es mucho mayor si lo solicita la persona discapacitada que si lo hace el padre o el tutor.